"Porque los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado y son también mercaderías. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión, ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden".
Ya lo decía, en el siglo XX, el pensador y político argentino, Arturo Jauretche, en Los Profetas del Odio y la Yapa. Lo singular, en los tiempos que nos toca vivir, es que se está llevando a cabo un proceso social y político que pone de manifiesto en la agenda pública un asunto central y poco cuestionado como la regulación del sistema de comunicaciones para la democratización de la información.
Estamos viviendo nuevos tiempos. La iniciativa impulsada desde el Ejecutivo Nacional de una nueva ley de medios de comunicación así lo demuestra. Los anteriores intentos por instalar una nueva ley que regule los servicios audiovisuales en Argentina fracasaron y la ley 22.285, que lleva la firma de la última dictadura militar y propició el panorama de concentración y desigualdad en este ámbito estratégico de la vida cultural, social y política de cualquier país, mantuvo su vigencia. Los retoques que esta impune ley ha recibido sólo han tendido a incrementar más el panorama de concentración de medios en pocas manos y el surgimiento de los multimedios que controlan la opinión. Este es el caso de las modificaciones por decreto que se llevaron a cabo en la época menemista, con la extensión de licencias de 4 a 24 para una persona física o jurídica, dejando fuera a organizaciones sin fines de lucro.
A más de veinticinco años de democracia sigue rigiendo una ley que se inspiró en la doctrina de la seguridad nacional y que usó la tribuna de los medios para enaltecer a un gobierno de facto que, por otra parte, procuraba silenciar el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos. La sola existencia de monopolios u oligopolios informáticos impide la libertad de expresión y el derecho a la información. Nadie puede argumentar que la defensa a los grupos económicos que tienen la titularidad de los medios es la defensa a la libertad de expresión. Sí lo ha hecho Elisa Carrió, cayendo en un profundo laberinto sin retorno. Monopolios y libertad de expresión no son palabras hermanas, no pueden llevarse bien en una misma oración y mucho menos realizar el espíritu democrático en los hechos.
Por otra parte, lo que algunos llaman Ley "K" es el resultado del trabajo conjunto de diferentes actores sociales que han dado luz, a través de la formación en 2003 de la Coalición por una Radiodifusión democrática, a los 21 puntos acerca de cómo debería ser una ley democrática de medios de comunicación. Esos ejes han sido tomados en consideración para la elaboración del Anteproyecto de Ley que presentó la Presidenta Cristina Fernández en La Plata y fue puesto en discusión abierta a través de foros realizados en todo el país. Esta semana, del 8 al 10 de septiembre, se llevarán a cabo audiencias públicas en el recinto de la Cámara de Diputados para que los actores sociales interesados puedan exponer sus visiones acerca del Proyecto. En este sentido, ha sumado instancias de pluralidad y es legítimo su tratamiento con la actual conformación legislativa, sin necesidad de dilatar un debate que esperó durante décadas.
Es sumamente ilustrativo el análisis que realiza Ricardo Forster, Filósofo y profesor de la UBA, en un artículo de Página 12 donde despliega un recorrido por la historia del capitalismo y su relación con los medios de comunicación y las nuevas formas de hacer política: “Lo medular de la disputa político-cultural se juega en estas discusiones, no porque una ley vaya a garantizar una espontánea transformación de los valores reinantes sino porque, al menos, logrará impedir que sigan proliferando los monopolios y abrirá el juego para que otros actores entren en la conversación. De eso se trata, entre otras cosas, la democracia […] El poder corporativo lo sabe y, por eso, va con todas sus armas contra un proyecto de servicios audiovisuales que viene a amenazar su hegemonía.”
La nueva ley de medios es la madre de todas batallas. En su seno se desenvuelven intricadas luchas de intereses y en el medio, apresadas como siempre, las voces que no encuentran un espacio en las discursividades que circulan socialmente.
Ensayo.
Mariel Tellechea.
Ya lo decía, en el siglo XX, el pensador y político argentino, Arturo Jauretche, en Los Profetas del Odio y la Yapa. Lo singular, en los tiempos que nos toca vivir, es que se está llevando a cabo un proceso social y político que pone de manifiesto en la agenda pública un asunto central y poco cuestionado como la regulación del sistema de comunicaciones para la democratización de la información.
Estamos viviendo nuevos tiempos. La iniciativa impulsada desde el Ejecutivo Nacional de una nueva ley de medios de comunicación así lo demuestra. Los anteriores intentos por instalar una nueva ley que regule los servicios audiovisuales en Argentina fracasaron y la ley 22.285, que lleva la firma de la última dictadura militar y propició el panorama de concentración y desigualdad en este ámbito estratégico de la vida cultural, social y política de cualquier país, mantuvo su vigencia. Los retoques que esta impune ley ha recibido sólo han tendido a incrementar más el panorama de concentración de medios en pocas manos y el surgimiento de los multimedios que controlan la opinión. Este es el caso de las modificaciones por decreto que se llevaron a cabo en la época menemista, con la extensión de licencias de 4 a 24 para una persona física o jurídica, dejando fuera a organizaciones sin fines de lucro.
A más de veinticinco años de democracia sigue rigiendo una ley que se inspiró en la doctrina de la seguridad nacional y que usó la tribuna de los medios para enaltecer a un gobierno de facto que, por otra parte, procuraba silenciar el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos. La sola existencia de monopolios u oligopolios informáticos impide la libertad de expresión y el derecho a la información. Nadie puede argumentar que la defensa a los grupos económicos que tienen la titularidad de los medios es la defensa a la libertad de expresión. Sí lo ha hecho Elisa Carrió, cayendo en un profundo laberinto sin retorno. Monopolios y libertad de expresión no son palabras hermanas, no pueden llevarse bien en una misma oración y mucho menos realizar el espíritu democrático en los hechos.
Por otra parte, lo que algunos llaman Ley "K" es el resultado del trabajo conjunto de diferentes actores sociales que han dado luz, a través de la formación en 2003 de la Coalición por una Radiodifusión democrática, a los 21 puntos acerca de cómo debería ser una ley democrática de medios de comunicación. Esos ejes han sido tomados en consideración para la elaboración del Anteproyecto de Ley que presentó la Presidenta Cristina Fernández en La Plata y fue puesto en discusión abierta a través de foros realizados en todo el país. Esta semana, del 8 al 10 de septiembre, se llevarán a cabo audiencias públicas en el recinto de la Cámara de Diputados para que los actores sociales interesados puedan exponer sus visiones acerca del Proyecto. En este sentido, ha sumado instancias de pluralidad y es legítimo su tratamiento con la actual conformación legislativa, sin necesidad de dilatar un debate que esperó durante décadas.
Es sumamente ilustrativo el análisis que realiza Ricardo Forster, Filósofo y profesor de la UBA, en un artículo de Página 12 donde despliega un recorrido por la historia del capitalismo y su relación con los medios de comunicación y las nuevas formas de hacer política: “Lo medular de la disputa político-cultural se juega en estas discusiones, no porque una ley vaya a garantizar una espontánea transformación de los valores reinantes sino porque, al menos, logrará impedir que sigan proliferando los monopolios y abrirá el juego para que otros actores entren en la conversación. De eso se trata, entre otras cosas, la democracia […] El poder corporativo lo sabe y, por eso, va con todas sus armas contra un proyecto de servicios audiovisuales que viene a amenazar su hegemonía.”
La nueva ley de medios es la madre de todas batallas. En su seno se desenvuelven intricadas luchas de intereses y en el medio, apresadas como siempre, las voces que no encuentran un espacio en las discursividades que circulan socialmente.
Ensayo.
Mariel Tellechea.
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